Francisco del Solar
El Vigilante
14 de abril de 2026

Ayer, en su primera cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentó el “Plan de Reconstrucción Nacional”. Un paquete de más de 40 medidas que, según la retórica oficial, busca levantar al país de los incendios, reactivar la economía, fortalecer las instituciones, ordenar las finanzas públicas y mejorar la seguridad. Todo en un solo proyecto de ley. Todo con la máxima urgencia. Todo bajo el paraguas de una catástrofe que exige, nos dicen, rapidez y coordinación.

La escena tiene algo de teatro antiguo: un mandatario que aparece en pantalla para anunciar que ha llegado la hora de las soluciones integrales, que no hay tiempo para discusiones bizantinas, que el país requiere un impulso único y contundente. Y, como suele ocurrir en esos libretos, el mensaje de fondo es otro: cuando todo es urgente, nada se examina con detención.

No se trata de discutir, aquí, si cada una de las 40 medidas es buena o mala. Algunas –como la exención transitoria del IVA a la vivienda nueva o la inyección de $400.000 millones al Fondo de Emergencia por Incendios– pueden tener méritos evidentes. Otras –como la rebaja del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%– merecen un debate técnico que trascienda la consigna. El problema no es el catálogo, sino el formato: la vieja tentación de legislar en combo, de empaquetar reformas dispersas en un solo paquete para evitar el escrutinio diferenciado.

Los gobiernos de todos los colores han caído en esta tentación. La llaman “ley miscelánea”, “paquete ómnibus” o, con menos eufemismo, “ley tutti frutti”. La oposición actual la denuncia como “reforma tributaria encubierta”. El mecanismo es siempre el mismo: se aprovecha una coyuntura dramática –una catástrofe, una recesión, una emergencia sanitaria– para presentar un proyecto que mezcla peras con manzanas, que ata subsidios de emergencia a cambios estructurales, que confunde la urgencia humanitaria con la agenda política de largo plazo.

El resultado previsible es la opacidad. Cuando un solo proyecto contiene desde incentivos tributarios hasta fondos de reconstrucción, pasando por ajustes regulatorios y reformas de seguridad, el Congreso se ve forzado a votar un todo o nada. Los parlamentarios –incluso los de la misma coalición oficialista– pierden la capacidad de enmendar, de suprimir, de mejorar una parte sin poner en riesgo el conjunto. La deliberación se licúa. La rendición de cuentas se difumina. Y lo que queda es un cheque en blanco disfrazado de patriotismo.

Chile no está ajeno a esta patología. Basta recordar las leyes de presupuesto que, año tras año, cuelgan como “mosquitos” decenas de materias que poco tienen que ver con la asignación de recursos. O los decretos de emergencia que, bajo el pretexto de la catástrofe, modifican normas ambientales, laborales o urbanas sin pasar por el filtro de las comisiones técnicas. El proyecto de Reconstrucción Nacional es, en ese sentido, la versión 2026 de un mal hábito: la idea de que la eficiencia es sinónimo de atajo legislativo.

Pero la eficiencia, en democracia, tiene otro nombre: se llama transparencia, debate, contrapeso. Un país que arrastra un desempleo del 8,3% (trimestre diciembre‑febrero) y una actividad económica que cayó 0,3% en febrero –el segundo mes consecutivo en rojo– necesita reformas bien diseñadas, no apresuradas. Precisamente porque la fragilidad es alta, el margen para el error es bajo. Legislar a la carrera, con el argumento de que “la emergencia no puede esperar”, es un riesgo que los más vulnerables terminan pagando.

La crítica, por lo tanto, no es ideológica; es metodológica. No viene solo de la oposición, sino de la tradición liberal más elemental: desconfiar del poder concentrado, defender el escrutinio detallado, preferir reformas que mejoren incentivos de manera transparente. Un paquete ómnibus hace exactamente lo contrario: concentra decisiones, escapa al escrutinio y opaca los incentivos reales.

El gobierno ha defendido la integralidad del plan. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ratificó que el proyecto se ingresaría en abril; el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció medidas para agilizar la factibilidad sanitaria en zonas urbanas. Nadie duda de la buena fe técnica. Lo que se cuestiona es el método: la premisa de que la reconstrucción –física, económica, institucional– puede hacerse mejor si evadimos el debate público minucioso.

Reconstruir no es solo levantar casas quemadas o inyectar fondos de emergencia. Es también reconstruir las reglas del juego, la confianza en las instituciones, la certeza de que las decisiones se toman con rigor y no con prisa. Un paquete misceláneo que amarra 40 medidas en una sola ley, y que pide ser aprobado bajo el mantra de la urgencia, es un mal comienzo.

Al final, la cadena nacional de ayer podría recordarnos algo más profundo: en política, la tentación del atajo siempre se viste de urgencia. Y la urgencia, cuando se convierte en sistema, termina vaciando de contenido la democracia. Cuando todo es urgente, nada se examina. Y lo que no se examina, tarde o temprano, se derrumba.