Un gobierno que llegó prometiendo reconstrucción nacional amaneció negociando de noche, en modo todo o nada, para convencer a una bancada bisagra de que le dejara siquiera empezar. La escena tiene algo más serio que un tropiezo legislativo: muestra la distancia entre una épica de mando y una práctica de supervivencia.

El ingreso al Congreso de la “Reconstrucción Nacional”, el proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast, no llegó como un momento de autoridad recuperada tras semanas de desgaste por el costo de la vida. Llegó como la confirmación de una fragilidad de origen. Para lograr apenas la viabilidad de la idea de legislar, el Ejecutivo tuvo que sumar un “Plan Alivio Clase Media” que incluyó bonificaciones de IVA en medicamentos y pañales, y blindaje tributario a pymes, exigido por el Partido de la Gente.

El problema no es que el gobierno negocie, eso es lo mínimo que se espera en democracia. El problema es qué revela esa negociación sobre la naturaleza de su proyecto. La “Reconstrucción Nacional” fue presentada como una política de Estado para sacar al país del estancamiento, pero aterrizó en el parlamento como un paquete demasiado desnudo en su sesgo proinversión y demasiado débil en su ingeniería política. Necesitó una prótesis compensatoria de último minuto —el alivio de bolsillo— para volverse presentable.

Y mientras el gobierno celebraba este acuerdo como “histórico”, la realidad administrativa recordaba sus propios límites: el retiro de un decreto clave para la reforma previsional desde Contraloría, obligado a ser corregido y reingresado. Es el mismo patrón que se vio semanas atrás. Un Ejecutivo que habla en tono mayor, pero que administra su programa entre correcciones técnicas, observaciones de legalidad y pactos inestables.

No estamos ante una demostración de fuerza, sino ante un gobierno sitiado por dentro y por fuera. Sitiado por fuera, por la erosión temprana de su crédito político ante la crisis de combustibles y la inflación. Y sitiado por dentro, por la necesidad de improvisar viabilidad política sumando piezas heterogéneas a su reforma estrella.

El acuerdo con el PDG no es el destrabe final, sino el inicio de una administración ansiosa de su propia supervivencia legislativa. Pamela Jiles ya advirtió que el pacto es reversible si no se garantizan por escrito las compensaciones. La bisagra dejó de ser una dificultad del trámite para convertirse en la condición de origen del proyecto.

La derecha prometió mando y orden institucional. Lo que el país está viendo, en cambio, es la administración de una debilidad crónica, donde el programa ancla del gobierno necesita pedir permiso para existir, mutando a cada paso para comprar un poco más de tiempo. La reconstrucción prometida, por ahora, parece limitarse a reconstruir la viabilidad del propio oficialismo en el Congreso.